Más de una década después, San Luis volverá a ser escenario de una movilización docente
El avance del Gobierno sobre la educación pública es uno de los principales puntos por los que reclamarán. A eso se suma la precarización laboral, la falta de inversión en infraestructura y el nombramiento de más maestros.
La educación en San Luis se encuentra en crisis. No lo advierten solo los gremios, sino que también se evidencia en índices sobre la terminalidad de los estudiantes, escuelas sin calefacción, edificios deteriorados, chicos que acuden una o dos veces por semana, establecimientos que no pueden afrontar la copa de leche, deserción por la pandemia, cierre de divisiones y un abandono por parte del Estado.
Los maestros, directivos y los padres han puesto de manifiesto los diversos inconvenientes que se dan y que repercuten en el aprendizaje de los alumnos. Pero no han sido escuchados. Y en este contexto, se hará una marcha provincial el próximo martes que si bien es convocada por docentes, buscan la participación de toda la comunidad.
La educación de los más chicos y de quienes serán el futuro de San Luis es lo que está en juego. Por eso, se han sumado colectivos de educadores en lucha y autoconvocados. Sindicatos que nuclean a trabajadores de diversos ámbitos comunicaron su adhesión. Profesores de otras localidades están articulando su llegada a la capital puntana.
Otro dato que muestra el panorama local es que la provincia no es escenario de una movilización docente desde hace 12 años. La última fue en 2010, cuando los reclamos eran por mejoras en el sueldo básico, el pago de incentivos y del doble cargo. Este último punto sigue siendo una asignatura pendiente.
En ese momento, las clases estuvieron paralizadas por más de un mes. Era gobernador Alberto Rodríguez Saá y en medio del conflicto, lejos de brindar soluciones, sumarió y hasta suspendió a los maestros. A su vez, anunció un sistema educativo digital paralelo que aseguraría los 180 días de clases, lo que fue calificado por el sector como "un golpe de Estado a la educación pública".
Hoy las necesidades son aún más amplias y la movilización será para que se nombren más docentes y supervisores, se respete la carrera, los equipos directivos estén integrados completamente, los actos de nombramientos sean presenciales, en contra del monotributo como forma de contratación y en rechazo a los contratos “basura” dentro de la profesión.
Pero no son las únicas demandas, se suma el pedido para que no se cierren escuelas, no se quiten horas y no dejen a los profesores en “disponibilidad”. Asimismo se oponen a la precarización, a la modificación del Estatuto, a que el salario no se liquide con cifras no remunerativas.
Pretenden del mismo modo, que los sueldos se paguen sin descuentos “para el que más trabaja” y puedan jubilarse “dignamente”.
“Marchamos para que el pueblo sepa cuál es la verdadera realidad”, afirmaron desde el Frente Gremial, que convocó a la manifestación y que integran la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).
Días más tarde anunciaron su participación des del Colectivo en Lucha que se conformó hace unos meses para hacer frente a la pandemia. Hoy desde este sector convocaron a una asamblea para todo el Valle del Conlara a fin de definir la asistencia y ya comunicaron que tendrán un punto de encuentro para trasladarse el próximo martes.
En paralelo, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), dieron a conocer el apoyo y la adhesión a la concentración. “Seguimos bregando por la defensa irrestricta de la educación libre, gratuita y laica de calidad, al amparo jurídico de lo normado por el Estatuto Docente y las garantías proscriptas por la Constitución provincial y Nacional para los trabajadores en general”, sostuvieron.
Por su parte, el Sindicato de Judiciales Puntanos anticipó que los docentes contarían con su apoyo para la marcha.
La realidad de San Luis muestra sólo en este 2022, el Gobierno de Rodríguez Saá priorizó dentro del Presupuesto recursos para pauta publicitaria o gastos reservados, en lugar de obras de infraestructura para las escuelas públicas. Los mayores fondos en el ámbito educativo estuvieron destinados a las de modalidad generativa.
Una consecuencia de esto es que muchos edificios de los establecimientos tradicionales se encuentran con una variedad de inconvenientes. Entre ellos, paredes agrietadas, techos que se llueven, baños clausurados, bancos dañados, sistemas de calefacción que no funcionan y falta de agua.
Las mismas instituciones se enfrentan a cargos docentes que no están cubiertos y a raíz de esto, hay alumnos que no acuden todos los días o en la jornada completa. Y los maestros que si están deben hacer frente a varios cursos a la vez.
En otros casos, principalmente en la zona rural, surgen otras situaciones donde los directivos no reciben los fondos para comprar la copa de leche o hay demoras en entregarlos. Mientras tanto, los docentes y las familias tienen que poner de sus recursos para que los chicos no se queden sin el alimento.
Estos hechos hacen a lo que los gremios docentes llevan advirtiendo hace tiempo y por el cual piden que toda la comunidad educativa se sume a la movilización: el “vaciamiento sistemático de la escuela pública de gestión estatal”.